AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA EL VIH/SIDA. Interés Colectivo o Difuso.

   

    El Informe presentado a ONUSIDA por el gobierno venezolano refleja que para el 2014 en Venezuela viven con el VIH más de  100 mil personas, según datos oficiales, es decir, personas  que ya han sido diagnosticadas. Añade que la tasa de mortalidad específica aumentó de 4,65 hasta 7,40. En cuanto a su magnitud como causa de muerte, para 1998, los decesos ocupaban el lugar  16 entre los 25 principales, mientras que en el 2011, están en el número 12, lo que demuestra un aumento en la frecuencia.

    

    Fue gracias a un Amparo Constitucional  de la Sala Político Administrativa de la otrora Corte Suprema de Justicia, de fecha 15 de Julio de 1999, solicitada por personas que viven con VIH y SIDA en el que se ordenó al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, efectuar en beneficio de la parte actora (es decir, las personas que viven con VIH y SIDA) la entrega regular y periódica de medicamentos denominados Inhibidores de la transcriptasa e Inhibidores de la Proteasa; realizar o cubrir los exámenes especializados en la materia, políticas de información y asistencia médica, así como todos los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades oportunistas, derivadas del VIH/SIDA.

    La Corte decidió que ese recurso de Amparo no debía limitarse a sólo los demandantes del caso, sino que debía ampliarse para beneficio de todos aquellos que se hallaran en una situación similar; presentándose por vez primera en la Jurisprudencia Nacional, el reconocimiento de los Intereses Colectivos o Difusos,es decir, aquellos asuntos que implican interés a un grupo de personas por igual (ONUSIDA 2006).

    

    De esas 101.871 personas diagnosticadas que viven con el virus, sólo 43.071 seropositivos reciben medicación, es decir, menos del 50%, cuando el tratamiento es gratuito. Necesitamos más responsabilidad de parte de todos y cada uno de nosotros. Más conciencia, más educación, más hechos. La responsabilidad no puede ser sólo gubernamental, es un compromiso de los que viven con el VIH/SIDA y de los que no lo viven, por igual. 

    

   Según datos oficiales, el Estado invirtió 200 millones de Bolívares en el 2012 para el programa VIH/SIDA. Como lo establece la Constitución en el artículo 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del Derecho a la Vida (…).

   

   Pero no sólo puede ser el  Estado el responsable cuando ya se vive con el VIH/SIDA; hay que controlar los contagios y prevenir, siendo eso en gran parte, responsabilidad de los individuos, mejorando nuestras conductas y educando, sobre todo a la gente más joven, quienes han sido y seguirán siendo los más vulnerables. 

   El VIH vive entre nosotros desde hace más de 30 años y por los momentos, no piensa irse. 

  Feliz Día.

 @Abogados051 

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